Éxito rotundo es la valoración de los sindicatos para calificar el seguimiento ayer de los paros y manifestaciones contra los planes de ajuste en la educación anunciados por diferentes gobiernos regionales. Las cifras que manejan las partes enfrentadas son, como siempre, dispares: del 80% de los sindicatos convocantes al 43% del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy, Galicia y Madrid continuarán con las protestas, aunque es probable que se sumen otras comunidades.
Madrid protagoniza la protesta más numerosa, donde 19.000 docentes de secundaria están llamados a la huelga, un colectivo que además cuenta con el respaldo de alumnos y familias. Los institutos públicos de la región abrirán sus puertas y contarán con la presencia del director y jefe de estudios, el personal de administración, conserjería y bedeles.
También está convocada una cadena humana para rodear la Consejería de Educación, y mañana será otro día de movilizaciones. Los sindicatos han advertido que mantendrán sus actos de protesta hasta que la Consejería de marcha atrás en sus planes de ampliación del horario lectivo y reducción de contrataciones de profesores interinos.
El secretario general de FETE-UGTE, Eduardo Sabina, aseguró ayer que con los recortes la educación pública está “retrocediendo a la situación de 1960”, con aulas muy masificadas y sin posibilidad de desdoblar con grupos de apoyo. Subrayó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, “se ha equivocado desde el principio al intentar enfrentar a la sociedad con los docentes diciendo que son vagos”.
Sin embargo, la dirigente madrileña reiteró ayer su decisión de mantener el plan de ajustes anunciado y tras recordar que el Gobierno regional ha pedido a los profesores para este curso “un esfuerzo suplementario” (20 horas lectivas en lugar de las 18 de su jornada laboral), destacó que “en otras comunidades, como la andaluza, se practica esta jornada sin ningún problema”.
Durante su intervención en el acto de apertura del nuevo curso escolar, que tuvo lugar en el colegio público Fernando el Católico, Aguirre elogió “la entrega vocacional de los profesores”, y subrayó que el respeto a su autoridad constituye uno de los pilares de su política educativa. “Los profesores madrileños saben que el Gobierno regional les apoya y les agradece su trabajo de siempre, mucho más en estos tiempos, especialmente difícil para todos”.
En el mismo acto, la Reina Doña Sofía pidió a los estudiantes que sean “respetuosos y afectuosos con los maestros y profesores, que dedican, sin escatimar esfuerzos, lo mejor de su vida y todos sus conocimientos a la compleja y difícil labor de enseñar”.
Opinión de las familias
Entre las organizaciones de padres, la opiniones también están divididas. El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) expresó su preocupación por este inicio “tan polémico” del curso escolar y señaló que los docentes “van por el camino equivocado” porque estas protestas y paros “perjudican, en definitiva a los alumnos y sus familias. No entendemos cómo se hacen ahora cuando el sistema educativo lleva fracasando más de 20 años”, puntualizó.
El presidente de la Confederación Española de Padres de Alumnos (Ceapa), Jesús María Sánchez, defendió las manifestaciones y paros porque, a su juicio, “persiguen la mejora de la enseñanza pública”. Manifestó el temor de los padres de esta confederación a que las políticas de recortes se puedan extender a más comunidades autónomas y anunció que “siempre que haya protestas en defensa de la escuela pública, las vamos a apoyar”.
El Parlament vota por la inmersión lingüística
La junta de portavoces del Parlament de Cataluña aprobó ayer una declaración que defiende el modelo lingüístico en los colegios. El documento recibió el apoyo de CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC, que suman 110 diputados sobre 135 escaños (el 81%), mientras que Solidaritat se abstuvo y PP y Ciutadans, que suman 21 representantes) se opusieron.
En la declaración se acuerda mantener la inmersión lingüística, “un modelo de éxito y cohesión social”, y se pide a la Generalitat que mantenga el catalán como lengua vehicular y que recurra ante los tribunales decisiones que puedan menoscabar el modelo. Con 1,28 millones de alumnos (un 3% más que el curso anterior) y con el número de profesores estancado, el curso ha arrancado en Cataluña con las críticas a la “privatización” de la educación y con la recurrente polémica por el uso del catalán en la escuela.
El Tribunal Supremo, a raíz de la demanda de tres familias, instó a la Generalitat a ofrecer la posibilidad de escolarizar en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que esta sentencia afectaba al modelo en su conjunto. La Generalitat recurrió el fallo, que ahora está “suspendido” hasta que se resuelva la súplica.