El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiere hablar de recortes. Si la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada de anunciar hace 12 días la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España y el mayor recorte de gasto social, hoy es al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien le toca dar la cara en el Congreso para explicar, y defender, el primer plan de ajuste de la era Rajoy.
El Gobierno del PP aprobará esta mañana el real decreto ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público aprobado por el Consejo de Ministros. El texto será convalidado sin contratiempos para los populares, gracias a su holgada mayoría absoluta, pero Montoro tendrá que explicar el decreto ante los diputados y defender la urgente necesidad de reducir la desviación en dos puntos del déficit público previsto para este año y que, según confirmó ayer el el presidente Rajoy en una entrevista a Efe, está en torno al 8%. El papel no es fácil, además, porque el ajuste ha supuesto un vuelco en el discurso de Rajoy, que como candidato en la campaña electoral y hasta en la sesión de investidura sostuvo que no subiría los impuestos.
Las medidas prevén el aumento del IRPF y del IBI durante dos años y un recorte del gasto de 8.900 millones de euros. Según el decreto, la subida de las rentas del trabajo oscilará entre el 0,75% para el primer tramo y el 7% a partir de los 300.000 euros, mientras que el alza del IBI variará entre el 4% y el 10% dependiendo del valor del inmueble.
El plan de recorte, al que la vicepresidenta bautizó como “el inicio del inicio”, contará con la oposición segura de los grupos parlamentarios del PSOE y de IU-ICV, así como con el voto en contra del BNG y la crítica del PNV y del resto de partidos políticos, informa Efe.
La diputada Elvira Rodríguez será la portavoz del PP durante el debate, mientras que José Antonio Alonso dará la réplica al Gobierno desde el grupo socialista. Alonso criticará que las medidas recaigan sobre las clases medias, las rentas del trabajo y los jóvenes, y alertará de los riesgos de que ahonden en una recesión económica. También el PNV considera que son medidas difíciles de asumir y que redundarán en mayor paro.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha confirmado que su partido votará en contra del decreto por razones de “fondo y forma” y ha denunciado que los trabajadores van a pagar cuatro de cada cinco euros de la subida impositiva, al tiempo que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha asegurado que se trata de un conjunto de medidas económicas “injustas” y “suicidas”.
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, se opondrá a las medidas porque no recuperarán la economía y tienen un claro componente antisocial, mientras que CiU analiza todavía el sentido de su voto. Pese a que el portavoz del grupo parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida, critió la subida del IRPF, valoró hace días el aumento del IBI, la prórroga del IVA superreducido al 4% en la construcción y la recuperación de la deducción por la compra de la residencia habitual. UPyD tampoco decidirá hasta el último minuto si votará en contra o se abstendrá.
El decreto ley contempla además la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional, con lo que se pretende incrementar los ingresos en 6.275 millones de euros y el aumento de las rentas del capital del 19% al 21%. Se reducirán en 600 millones de las subvenciones para investigación, desarrollo e innovación y en 200 millones los presupuestos de RTVE y de Renfe.
Los salarios de los funcionarios permanecerán congelados en 2012 con una ampliación de la jornada laboral de dos horas y media más, hasta las 37,5 horas semanales. Se congelan también todas las plantillas de la administración, salvo el personal docente, sanitario, el de las fuerzas armadas, la seguridad y la inspección tributaria y laboral, y se suprime la ayuda de 210 euros al alquiler para jóvenes, que sólo se mantendrá para los que ya la cobran. Finalmente, el texto aplaza hasta 2013 la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas y reduce en un 20% las subvenciones a los partidos políticos, patronal y sindicatos.